La pasada edición de CONAMA 2024, el análisis de la actualidad de las políticas del sector puso en el centro las Orientaciones Estratégicas de Agua y Cambio Climático (2022), una iniciativa que expone retos y líneas de acción para integrar el cambio climático en la gestión del agua.

En diciembre 2024 la DGA-MITECO[1], ha iniciado el proceso del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033), por lo que las orientaciones estratégicas vuelven a cobrar relevancia para consolidar la incorporación del enfoque de cambio climático en la planificación. Precisamente, en la sesión técnica de CONAMA 2024, “Políticas y planificación del agua: Agua y adaptación”, se ofrecieron algunas pistas sobre avances y retos pendientes sobre el abordaje del cambio climático.

Ahora, la nueva Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, presentada por la Comisión en junio de 2025, plantea los objetivos de garantizar una gestión adecuada de los recursos, abordar la escasez de agua y reforzar la ventaja competitiva e innovadora de la industria europea del agua, adoptando un enfoque de economía circular y para el cumplimiento de estos objetivos ofrece orientaciones concretas que se deberían tener en cuenta en los próximos procesos de planificación y gestión del agua a nivel nacional.

A continuación, se presenta la implicancia de estos avances, junto con otros elementos de contexto con el objetivo de poner en relevancia el estado de las políticas de agua en España.

Estrategia de Resiliencia Hídrica: El agua como factor de seguridad y competitividad en el nuevo ciclo europeo.

En este contexto, por un lado, la creación de la Comisaría de Medio ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular, a cargo de la Comisaria, Jessika Roswall  refuerza la integración del agua en las políticas climáticas, energéticas y productivas.  

Por otro lado, la publicación de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica (junio 2025), como el principal instrumento político para orientar el sector del agua, aunque con objetivos no vinculantes, amplía la visión tradicional del agua como recurso ambiental, integrándolo en la agenda económica y estratégica de la Unión, en línea con la Brújula para la Competitividad 2025 y el Pacto por una Industria Limpia, que reconocen que invertir en eficiencia hídrica contribuye directamente a la autonomía energética y a la productividad industrial de Europa.  

Esta estrategia contempla más de 40 acciones concretas a implementar hasta 2030 y se estructura en torno a tres objetivos principales: Restaurar el ciclo del agua[2]; Transformar la economía del agua, y Garantizar un acceso equitativo y asequible del agua para la población.

Según el seguimiento del progreso de la Estrategia ya se cuentan con algunos avances. Por su parte, el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión a establecer financiación específica para la resiliencia hídrica, utilizando mecanismos de fondos existentes.

Se complementa a esta Estrategia la Recomendación UE 2025/1179, sobre los principios rectores de la primacía de la eficiencia hídrica, que establece que los Estados miembros mejoren la eficiencia hídrica en al menos un 10 % hasta 2030 y que adopten medidas prioritarias para reducir la demanda antes de ampliar la oferta, en función de sus circunstancias nacionales.

La Estrategia también establece un nuevo espacio de participación y rendición de cuentas mediante el Foro Bianual de Resiliencia Hídrica, cuyo primer encuentro se celebró el 8 de diciembre de 2025. Algunos puntos que se destacan del programa desarrollado incluyen: La reafirmación del CESE sobre la necesidad del Pacto Azul UE que cuenta con 31 medidas para una estrategia integral e intersectorial del agua; El anuncio del lanzamiento de la Plataforma de Actores Interesados; El programa de aceleración de inversiones y la Academia europea del agua.

La Estrategia, también ha tenido varias reacciones. El Parlamento Europeo, ha solicitado objetivos de eficiencia hídrica más ambiciosos y vinculantes, mayor integración de la adaptación al cambio climático y fondos específicos para infraestructura e innovación. Reclaman una mejor preparación ante sequías, inundaciones y contaminantes como los PFAS. Por su parte, los ministros de Medio Ambiente de los Estados Miembros piden mayor contundencia en la prevención de la contaminación y modernización urgente de las infraestructuras, señalando la lentitud y la falta de ambición en las propuestas. En paralelo el Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha presentado el Dictamen[3] “Cambiar el rumbo: una hoja de ruta local y regional para la Resiliencia Hídrica” en donde señala que se debe evitar que el agua se convierta en un factor que dificulte la convergencia entre las regiones.

Diversas ONGs y el Partido Verde Europeo[4], consideran que la Estrategia carece de requisitos legales claros, no aborda de forma suficiente la contaminación en origen y deja mucho a la discrecionalidad de los Estados miembros. Critican la ausencia de sanciones y de controles efectivos sobre el uso de fertilizantes y productos químicos agrícolas, entre otros.

Las asociaciones sectoriales del agua (EurEau, Water Europe), si bien valoran positivamente el enfoque integral de la estrategia, demandan medidas concretas y recursos suficientes en cuanto a reducción del consumo, control de contaminantes y financiación adicional. Solicitan la creación de un fondo de transición hídrica similar a los fondos energéticos, así como mejorar la digitalización y la interoperabilidad de datos sobre el agua.

Si bien se reconoce el valor estratégico y la oportunidad de la Estrategia, los principales actores exigen mayor valentía regulatoria, fondos dedicados, objetivos cuantificables y controles más efectivos para afrontar los retos hídricos europeos de forma coherente y urgente.

La Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica va a generar que los distintos Estados Miembros, adapten sus instrumentos de planificación y gestión para dar respuesta a los desafíos y objetivos que presenta, con el doble objetivo de contribuir con los objetivos y atraer la financiación europea que finalmente se promueva. Algunos países como Portugal[5], han diseñado estrategias específicas y otras darán respuesta por el conjunto de instrumentos que ya disponen.

España, por su parte, deberá analizar si las "Orientaciones Estratégicas de Agua y Cambio Climático (2022)" y el conjunto de instrumentos que recoge, están suficientemente alineadas con la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, con un horizonte temporal hasta 2030, y si es necesario complementarlo con nuevos instrumentos.

El 4º ciclo de la planificación hidrológica ante escenarios de incertidumbre

Los fenómenos climáticos extremos: prevención, respuesta y resiliencia.

Ante la intensificación de los impactos del cambio climático, en septiembre del 2025, el Gobierno ha impulsado el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática con el objetivo de sostener una respuesta de largo plazo, más allá de ciclos políticos y tensiones territoriales. En materia de agua, el actual documento[15] incorpora un eje específico de resiliencia hídrica para pueblos y ciudades ante inundaciones y sequías, con líneas de acción ligadas a la planificación hidrológica, la reducción del riesgo de inundaciones, la seguridad y la innovación en cuencas, la eficiencia del ciclo urbano y el refuerzo de la participación social.  En paralelo, este proceso ha generado aportaciones y críticas desde distintos actores, incluidas propuestas de organizaciones ambientales[16] para reforzar, entre otras cuestiones, el cumplimiento de caudales ecológicos, la recuperación de acuíferos y humedales y el respeto a los límites del ciclo hidrológico, así como la protección costera frente a impactos climáticos.

En relación con el fenómeno de la sequía, aunque 2024 fue un año húmedo en el conjunto del país, con una precipitación equivalente al 105 % de su valor normal, y que contribuyó a una recuperación progresiva de las reservas, persistió la señal de sequía meteorológica de larga duración iniciada en 2023, si bien con menor intensidad[17]. El año hidrológico 2024-2025, finalizado el 30 de septiembre de 2025, cerró en una situación globalmente favorable, con una reserva hidráulica por encima de la media histórica. No obstante, los indicadores territoriales muestran una realidad heterogénea: el 8,5 % de la superficie peninsular seguía en situación de sequía prolongada, con 16 unidades territoriales afectadas, y el 8,2 % del territorio se encontraba en escenarios de emergencia (2,5 %) o alerta/excepcionalidad (5,7 %) por escasez de agua, concentrándose los casos más graves en dos unidades de la demarcación del Guadiana y una en las cuencas mediterráneas andaluzas[18]. Estos contrastes ponen de manifiesto la necesidad de respuestas diferenciadas y territorializadas en la gestión de la sequía. El repunte pluviométrico y la mejora de los indicadores agregados no deben ocultar las vulnerabilidades persistentes ni traducirse en una relajación de las políticas públicas o en una pausa inversora. Al contrario, el contexto actual ofrece una ventana de oportunidad para reforzar el modelo de gestión, y mejorar la anticipación.

Durante 2024 se desplegaron medidas de mitigación ante los impactos de la sequía[19], pero el hito principal del periodo fue la revisión de los Planes Especiales de Sequía (PES) y sus Estudios Ambientales Estratégicos (EAE), culminada en 2025. La declaración ambiental estratégica (Resolución de 8 de julio de 2025) recoge la actualización de indicadores de sequía prolongada y escasez hídrica, así como de umbrales de activación de fases, conforme a nueva información hidrológica, registros históricos y escenarios climáticos. También incorpora criterios de gestión adaptativa y de coordinación con los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), y refuerza aspectos de gobernanza y participación pública mediante un procedimiento formal de revisión periódica. En diciembre de 2025, a través de la celebración del Consejo Nacional de Agua[20] han quedado refrendados los Planes Especiales de Sequía. Aprobación que no estuvo ajena a reclamaciones y votos en contra, como por ejemplo en el caso de la Cuenca del Segura, donde la Región de Murcia abogaba por criterios homogéneos para el cálculo de los caudales ecológicos y la Región de Castilla-La Mancha por la falta de claridad en la gestión de los trasvases.

Otro punto que se destaca en este periodo es la reapertura del debate sobre la necesidad de una Directiva Europea de sequías, que establezca un marco común para la planificación y prevención de riesgos[21].  También lo reconoce la Estrategia de Resiliencia, que entre sus medidas contempla “Desarrollar indicadores de escasez de agua y orientaciones técnicas sobre los planes de gestión de la sequía” y el principio de la primacía de la eficiencia hídrica, que insta a incorporar la gestión del riesgo de sequía en los planes hidrológicos de cuenca y prepararse para el riesgo de una sequía prolongada.

En cuanto a las inundaciones, la Estrategia de Resiliencia Hídrica resalta la necesidad de un abordaje desde un enfoque estructural, preventivo y sistémico, alejándose de una lógica centrada únicamente en la respuesta a emergencias, incorporando el riesgo de inundación de forma transversal en la planificación hidrológica, la ordenación del territorio y el urbanismo. Esta estrategia busca, a su vez, potenciar el desarrollo e implementación de la Directiva sobre inundaciones (2007/60/CE), que exige a los Estados miembros que identifiquen y cartografíen las zonas propensas a inundaciones y elaboren planes para minimizar el riesgo y los daños potenciales.

En España se registran cada año alrededor de diez episodios graves de inundación urbana, con un aumento sostenido de víctimas y daños materiales. Los episodios de inundaciones de 2024 ocuparon un lugar central en la agenda pública. El 29 de octubre se registró un extraordinario episodio de lluvias torrenciales asociado a una DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia, así como a zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía. El diagnóstico oficial[22] estima que en la Comunitat Valenciana ha sufrido 224 víctimas mortales y 3 desaparecidos, daños en cerca de 18.000 M€, más de 11.000 viviendas afectadas, 350km de cauces en zona afectada, 2 presas dañadas, 2 ETAPs dañadas, 123 EDARs dañadas. Este desastre evidenció que las ciudades y las infraestructuras no están preparadas para responder a eventos extremos de esta magnitud y puso de manifiesto vulnerabilidades estructurales acumuladas, relacionadas a la densa ocupación del territorio con edificaciones e infraestructuras que modifican la dinámica hidrológica natural, los fallos en la alerta temprana a la población y así como la falta de coordinación entre administraciones durante la fase de emergencia y retos complejos como el colapso simultáneo de redes, estaciones de bombeo, depuradoras y plantas potabilizadoras.

Aunque el episodio del 2024 sigue siendo el referente principal, 2025 tampoco ha estado exento de inundaciones y riesgos asociados. Durante marzo de 2025, las borrascas intensas, como la denominada Laurence, dejaron lluvias significativas, desbordamientos de ríos y cortes de carreteras en varias regiones, donde la región más afectada fue Andalucía, donde el temporal dejó tres víctimas mortales. [23] A finales de 2025, la borrasca Emilia con episodios de lluvia intensa continuaron desencadenando riesgos de inundación, con alertas rojas y naranjas en Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.

Entre los principales aprendizajes derivados de los episodios destacan avances pero también carencias en materia de prevención. Se ha reforzado la confianza social en la información meteorológica y en los avisos oficiales, y AEMET señala que los avisos rojos se perciben ahora con mayor seriedad, si bien el reto sigue siendo consolidar esta conciencia a largo plazo. Asimismo, se han impulsado medidas como la modificación del Estatuto de los Trabajadores para proteger a las personas durante episodios de riesgo climático extremo y programas educativos para mejorar la preparación del alumnado ante emergencias como las inundaciones. No obstante, la ordenación del territorio continúa siendo una asignatura pendiente, especialmente en lo relativo a la urbanización en zonas inundables.

Desde el punto de vista normativo y de planificación, la gestión del riesgo de inundación en España se articula en el marco del Real Decreto 903/2010, que traspone la Directiva de Inundaciones y regula a los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) actualmente vigentes para el 2º ciclo de planificación (2022-2027). En paralelo, se ha iniciado el proceso del 3º ciclo de planificación, en septiembre de 2024, la DGA anunció la apertura de la información y consulta pública de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), y en julio de 2025 se inició el proceso de revisión y actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI). Los datos indican que al menos 2,7 millones de personas residen en zonas de alto riesgo de inundación en cuencas intercomunitarias, concentrándose cerca del 59 % de esta población en tres demarcaciones: Guadalquivir, Segura y Júcar.

En conjunto, la experiencia reciente confirma que una gestión eficaz del riesgo de inundación requiere una transformación profunda basada en el conocimiento científico, la coordinación multinivel, la participación ciudadana y una voluntad política sostenida que priorice la prevención frente a la reacción.

El aumento de la complejidad de la descontaminación de las aguas.

La Estrategia de Resiliencia Hídrica reconoce que la contaminación del agua es uno de los mayores desafíos ambientales de la UE, y pone foco en dos áreas de presión: por un lado, los contaminantes químicos persistentes, especialmente las sustancias PFAs[24], cuyo coste sanitario anual se estima entre 52.000 y 84.000 M€, y por otro, la contaminación por nutrientes y plaguicidas, procedente de la agricultura, los vertidos urbanos y las aguas residuales, que genera pérdidas socioeconómicas valoradas entre 75.000 y 485.000 M€/año en la UE.

La Estrategia llama a reforzar la prevención en origen, mejorar el tratamiento de aguas residuales y alinear las políticas agrícolas y químicas con los objetivos de calidad del agua y salud pública. Este enfoque se articula en coherencia con el Plan de Acción de Contaminación Cero, y se traduce en avances regulatorios concretos, como la revisión de las Norma de Calidad Ambiental (NCA) y la ampliación de las listas de sustancias prioritarias y de observación, según Decisión de Ejecución (UE) 2025/439.

En octubre de 2025, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la propuesta de Directiva de NCA revisada, que amplía el número de sustancias reguladas de 45 a 75, incorporando productos farmacéuticos, plaguicidas[25], bisfenoles[26] y compuestos perfluoroalquilados (PFAS y TFA)[27] entre los contaminantes cuya reducción será obligatoria.  Esta revisión también establece la obligación de mantener una lista de observación permanente para las aguas subterráneas, con plazos de cumplimiento hasta 2039, prorrogables a 2045 bajo condiciones justificadas. La nueva Directiva introduce la monitorización basada en efectos (Effect-Based Monitoring, EBM), un enfoque innovador que evalúa el impacto de mezclas químicas en los ecosistemas.  A nivel nacional, estos cambios en las NCA se están abordando mediante la tramitación de una Orden Ministerial, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 817/2015 sobre los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y normas de calidad ambiental.

En paralelo se resaltan otras iniciativas para la protección de la calidad de las aguas. Por un lado, la revisión de la Directiva UE 91/676/CEE de Nitratos que lazó su último proceso de consulta en mayo 2024. Varias organizaciones españolas han comentado sobre la variación de los límites propuestos y la necesidad de contar con el informe de evaluación del cumplimiento de la Directiva.[28]  Por otro lado, la aprobación de la Directiva TARU 2024/3019 sobre tratamientos de aguas residuales urbanas, supone un cambio de paradigma en la gestión del saneamiento y depuración. Su alcance abarca todas las aglomeraciones urbanas de la UE, con requisitos específicos según su tamaño y sensibilidad ambiental. Esta directiva introduce metas más ambiciosas de tratamiento avanzado para eliminar microcontaminantes (cuaternario), la obligación de lograr la neutralidad energética del sector en 2040 y la aplicación del principio de quien contamina paga (Responsabilidad ampliada del productor) para los sectores farmacéutico y cosmético. Además, amplía el control a los sistemas de aguas pluviales y mejora la transparencia, la vigilancia sanitaria y la gestión basada en datos.

La trasposición de la Directiva TARU al marco nacional plantea una oportunidad para transformar de manera estructural la gestión del saneamiento y la depuración en España. Los antecedentes del país por incumplimiento[29] de la anterior Directiva 91/271/CCE sobre aguas residuales, especialmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, y las multas recibidas[30], subraya la urgencia de establecer estrategias claras de actuación para no arrastrar los errores del pasado. Entre las recomendaciones para la trasposición e implementación de la Directiva TARU elaboradas por el comité técnico de Agua y Economía Circular de CONAMA 2024, se destaca la necesidad de aplicar estrategias diferenciadas según la escala territorial y la capacidad de las aglomeraciones urbanas, priorizando soluciones técnicas y financieras bajo enfoques solidarios adaptados a los pequeños municipios. Destaca las complejidades a resolverse para el desarrollo de un modelo de responsabilidad ampliada del productor (RAP) justo, así como también las oportunidades que existen ante las coincidencias normativas en la gestión de desbordamientos. También se destaca la importancia de la innovación para avanzar hacia modelos de biofactorías que integren la recuperación de recursos, energía y nutrientes en las estaciones depuradoras. Se subraya la importancia de reforzar la coordinación multisectorial para promover el sistema de vigilancia y el fortalecimiento de la gobernanza del sector con la definición de roles de regulación. La futura aplicación de la TARU obligará a los Estados miembros a elaborar Planes Nacionales de Implementación coherentes con los programas de medidas de los planes hidrológicos, donde se definan las inversiones necesarias y las prioridades territoriales.

La complejidad técnica y jurídica de la gestión de los lodos, también es un punto a resolver para avanzar hacia la calidad de los suelos y las aguas. La clasificación de los lodos de EDAR como residuos o subproductos sigue generando debate jurídico. Actualmente, los lodos se incluyen en el Listado Europeo de Residuos (LER), con destinos regulados como valorización agrícola, valorización energética, incineración y vertido. En noviembre de 2025 estuvo abierto el proceso de consulta pública sobre el nuevo proyecto de Real Decreto sobre la regulación de los lodos de depuración en el sector agrario. Con esta modificación normativa se pretende fusionar el Real Decreto 1310/1990 con la Orden AAA/1072/2013, incorporando el contenido de esta última como anexo al Real Decreto. Esto permitirá consolidar en un único texto normativo la regulación aplicable al uso de lodos en el sector agrario, facilitando su interpretación y aplicación.

Innovaciones para la arquitectura financiera del sector.

El agua se está convirtiendo en un factor financiero cada vez más importante para las empresas, los inversores y los gobiernos y, por ello la Comisión, está impulsado un nuevo marco de financiación orientado a reforzar la resiliencia hídrica y climática. La Estrategia de Resiliencia Hídrica sitúa la financiación, las inversiones y las infraestructuras como uno de sus cinco ámbitos de acción prioritarios, subrayando que el cumplimiento de la legislación vigente sobre el agua requiere inversiones adicionales estimadas en 23.000 M€ anuales en la UE. Para abordar esta brecha, se busca promover la colaboración con instituciones financieras y la movilización de capital privado mediante financiación combinada, bonos verdes y azules, y modelos innovadores.

En este contexto, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha lanzado el Programa de Agua y Mecanismo de Asesoramiento sobre el Agua Sostenible, dotado con 15.000 M€ para el periodo 2025–2027, destinado a financiar proyectos de eficiencia, digitalización, reutilización y restauración de ecosistemas acuáticos. España figura entre los países con mayor potencial de captación de estos fondos, dada su exposición a los riesgos de sequía e inundación y la necesidad de fortalecer su resiliencia hídrica.

Otra novedad en el ámbito financiero del sector es la implementación de la Directiva TARU y la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). En el informe de actualización de los costes del tratamiento de aguas residuales cuaternarias de la JRC, se indica que el coste anual esperado para cumplir plenamente la Directiva en 2045 se sitúa entre 1.480 y 1.800 M€. Según la Directiva, al menos el 80% de estos costes deberán ser asumidos por los sectores farmacéutico y cosmético, garantizando que se cubran la eliminación de los residuos persistentes tras las fases convencionales y que hasta ahora no eran tratados en las EDAR.  Persisten debates sobre el 20 % restante, cuya definición sin coordinación europea podría generar desigualdades y distorsiones en el mercado. Se advierte, además, que, a diferencia de otros esquemas de RAP, como los aplicados a residuos, donde el principio de generalidad es la base, el enfoque en aguas residuales se ha limitado a sectores específicos (cosmético y farmacéutico), dejando fuera una gama más amplia de responsables como detergentes o pesticidas, aunque regulados por otras normativas, también contribuyen a la presencia de microcontaminantes en las aguas residuales.

En el plano Nacional, el principio de recuperación de costes, establecido en el artículo 9 de la DMA continúa siendo objeto de debates recurrentes. Entre los argumentos más citados para avanzar en una revisión del sistema tarifario se encuentran el hecho de que el precio del agua en España se sitúe aproximadamente un 45 % por debajo de la media europea[31] y que la factura del agua represente en torno al 0,8 % del presupuesto familiar en algunos casos, ya que en otros están por encima del umbral del 3% marcado por la ONU [EP1] como referencia de asequibilidad. A ello se suma una elevada fragmentación competencial y una notable heterogeneidad en la fijación de tarifas[32], lo que ha llevado a los operadores a reclamar la creación de un ente regulador independiente que aporte criterios técnicos homogéneos. En el XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento, presentado por DAQUAS, se estima alrededor de 8.100 M€ anuales para garantizar el cumplimiento de las medidas del ciclo urbano en los planes de cuenca, la renovación de infraestructuras y el cumplimiento de las crecientes exigencias ambientales y en donde a su vez, se identifica un déficit de inversiones 4.485 M€ que podría cubrirse con una ampliación de la tarifa del agua hasta 4,69€/m3.

Otra lección aprendida para el sistema financiero del sector es que el costo de la reconstrucción es diez veces superior al costo de la prevención[33] y eso quedo reflejando en las cifras de daños y en los presupuestos de recuperación destinados a las zonas afectadas por la DANA en octubre de 2024. Este evento fue el más costoso jamás registrado en España para las aseguradoras, según el Barómetro de Catástrofes 2024 presentado por la Asociación Clúster de Catástrofes. En paralelo este evento ha reflejado las alternativas de financiación que pueden activarse y coordinarse desde el ámbito europeo[34], el gobierno nacional[35], y el gobierno autonómico[36].

También es importante reconocer que comienzan a cobrar relevancia los enfoques de financiación combinada, de modelos innovadores como el agua como servicio y de ecosistemas estructurados para bonos verdes y azules. En este sentido se destaca la aprobación de la Hoja de ruta de los créditos de la naturaleza de la CE, una guía para aprovechar el potencial de estos instrumentos e incentivar la expansión de estos mercados. Asimismo, se destaca que entidades financieras[37] están desarrollando respuestas ante los impactos del cambio climático y están incorporando cada vez más la huella hídrica como criterio de evaluación de riesgo y sostenibilidad en las inversiones[38]. También se están desarrollando plataformas[39] para facilitar un “mercado voluntario” conectando proyectos de impacto positivo en agua con organizaciones que buscan avanzar en custodia del agua. 

Otro elemento interesante en la arquitectura de la financiación del sector es el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) un instrumento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En su Memoria 2024 indica que las donaciones aportadas hasta 2024 por el FCAS ascienden a los 815,91 M€ y que estas aportaciones han servido para movilizar otros 827,65 M€ entre aportación local y otras aportaciones, logrando una inversión total de 1.643,56 M€. En este contexto de cooperación se destacan otras dos iniciativas: El Partenariado español del agua, impulsado desde el MITECO para reforzar la acción internacional del sector del agua español en todos los ámbitos de cooperación global y regional; y la Plataforma española de cooperación en agua, saneamiento e higiene – PECASH, como plataforma específica para el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible. Estas iniciativas configuran una arquitectura que conecta resiliencia hídrica, política exterior y competitividad, facilitando la proyección internacional de soluciones técnicas y modelos de gestión desarrollados en España.

La restauración de la naturaleza: infraestructuras para la resiliencia hídrica

La Estrategia de Resiliencia Hídrica reconoce explícitamente la restauración de los ecosistemas   La recuperación de zonas inundables y humedales no solo reduce el riesgo de inundaciones, sino que incrementa la capacidad de almacenamiento natural del agua y contribuye a mitigar los efectos de las sequías. En este marco, la restauración de los ecosistemas acuáticos debe entenderse como inversiones estratégicas en resiliencia ambiental y económica.

La restauración ecológica de los ecosistemas acuáticos se ha convertido en una obligación legal con la aprobación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que exige a los Estados miembros restaurar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y acuáticos degradados antes de 2030, y todos aquellos que lo requieran antes de 2050. Entre sus objetivos específicos se incluyen la restauración y reconexión de 25.000 km de ríos en la UE, la eliminación de barreras artificiales obsoletas, la recuperación de humedales y la mejora de la conectividad ecológica de las masas de agua. Este reglamento constituye uno de los pilares del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de Biodiversidad 2030. Asimismo, se subraya la necesidad de integrar plenamente la resiliencia hídrica y climática en los Planes Nacionales de Restauración, cuyo proceso de diseño está siendo coordinado por el MITECO y cuyo primer borrador está previsto para agosto de 2026.[40]

A escala nacional, este nuevo marco refuerza y da coherencia a planes y estrategias ya existentes orientados a la restauración y protección de los recursos hídricos, como la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR, 2022), el Plan Estratégico de Humedales (PEH, 2022) y el Plan de Acción de Aguas Subterráneas (PAAS, 2023).

En lo que respecta a la restauración de ríos, la ENRR incorpora un total de 28 indicadores de progreso[41] y un presupuesto estimado de 2.500 M€, financiado mediante la coordinación de múltiples fondos, entre los que se destacan Next Generation EU[42]. En el proceso de implementación se identifica que una de las principales barreras es la complejidad jurídica, técnica y social asociada a la eliminación de infraestructuras obsoletas, como presas y azudes en desuso[43]. En este contexto, se han impulsado iniciativas relevantes, como la campaña del MTECO frente a la desinformación sobre el desmantelamiento de embalses, el inventario de presiones hidromorfológicas disponible en el GeoPortal o la actualización de la base de datos de recursos culturales del Dominio Público Hidráulico. Según el informe de seguimiento de la ENRR en solo dos años (2023–2024) se han restaurado 737 km de cauces, lo que supone cerca del 93% de todo lo restaurado entre 2005 y 2022. Este avance desplaza el reto desde la cantidad de proyectos hacia la necesidad de garantizar su mantenimiento a largo plazo y de mejorar la medición y evaluación de la recuperación de procesos hidrológicos y ecológicos complejos. En esta línea, las confederaciones hidrográficas están promoviendo fórmulas de custodia fluvial y cofinanciación público-privada[44], alineadas con el principio de corresponsabilidad recogido en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

En el ámbito de las aguas subterráneas, la modificación del RDPH mediante el Real Decreto 665/2023 refuerza el marco de protección, introduciendo medidas frente a episodios de contaminación puntual y alteraciones hidromorfológicas, así como facilitando la recarga artificial de acuíferos en zonas deficitarias. No obstante, el seguimiento del PAAS identifica retos persistentes, como el incumplimiento del buen estado químico, especialmente por nitratos y contaminantes emergentes, la limitada representatividad de las redes de control, la escasa integración operativa de la conexión río-acuífero y la falta de indicadores específicos para evaluar la recuperación funcional de esta conexión. A ello se suma la necesidad de una mayor visibilidad pública del papel estratégico de las aguas subterráneas en la seguridad hídrica

En cuanto a los humedales, el Plan Estratégico aprobado en 2023 consolida un cambio de enfoque al considerarlos infraestructuras naturales clave para la regulación hidrológica, la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos de inundaciones y sequías. Entre las medidas destacadas figuran el uso de aguas regeneradas como apoyo a la restauración, así como el desarrollo de criterios de priorización de inversiones. Persisten, sin embargo, retos como la elaboración y aplicación de la Guía metodológica de restauración de humedales y el establecimiento de indicadores homogéneos que permitan evaluar su funcionamiento hidrológico y ecológico de forma sistemática.

La gestión integrada de sedimentos constituye otro componente esencial de los ecosistemas acuáticos, al contribuir al equilibrio morfológico de ríos y costas, mejorar la calidad del agua y mitigar los efectos de las avenidas. En 2023 se publicaron las Directrices Europeas de Gestión de Sedimentos, que promueven un enfoque a escala de cuenca. La ENRR incorpora medidas específicas para caracterizar la dinámica sedimentaria, con un presupuesto de 15 M€, que, aunque representa solo el 0,6 % del total de la estrategia, supone un primer paso hacia una gestión más integrada.

Las presas y embalses representan uno de los ámbitos más controvertidos en la intersección entre restauración de la naturaleza y seguridad hídrica. España ha desarrollado históricamente un modelo intensivo en infraestructuras hidráulicas, con más de 1.200 grandes presas y una capacidad de almacenamiento cercana a los 56.000 hm³. Dado que una parte significativa de estas infraestructuras es anterior a 1960, el foco se desplaza desde la expansión hacia la conservación, rehabilitación y adaptación. Las Líneas de actuación para la mejora de la seguridad de presas y embalses 2023–2033 establecen un marco con 95 medidas que integran los retos del cambio climático, la biodiversidad y la transición energética. La aplicación del Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza refuerza este cambio de paradigma, al priorizar la continuidad fluvial, los caudales ecológicos y la gestión de sedimentos, lo que obliga a reevaluar el papel de determinadas presas según su utilidad, impacto ambiental y contribución real a la resiliencia territorial. Al mismo tiempo, emergen nuevas dimensiones estratégicas, como el papel de los embalses reversibles en el almacenamiento energético y la incorporación de la huella hídrica en la planificación energética, evidenciando que el reto no es binario (infraestructura sí o no), sino avanzar hacia una gestión más selectiva, adaptativa y coherente.

La transición hacia una gestión más naturalizada del agua afronta desafíos institucionales, financieros y sociales, pero abre una oportunidad estratégica sin precedentes. La convergencia entre los instrumentos nacionales de planificación hídrica y ambiental ofrece un marco coherente para integrar la conservación de la biodiversidad, la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático. No obstante, existe el riesgo de que estos avances queden en el plano declarativo si no se refuerzan la gobernanza multinivel, la coordinación administrativa y los mecanismos de seguimiento. El éxito de esta transición depende de varios factores, pero sobre todo de la capacidad de construir una narrativa pública que reconozca a los ecosistemas acuáticos como infraestructuras naturales esenciales para el bienestar social, la reducción de riesgos, la competitividad territorial y la sostenibilidad a largo plazo del país.

El paradigma de la digitalización: oportunidades y retos

“La digitalización tiene el potencial de revolucionar la gestión hidrológica y fomentar un uso sostenible del agua”, así lo reconoce la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica y que incorpora a la digitalización como uno de los pilares más transformadores de su hoja de ruta, poniendo un foco especial en la eliminación de los obstáculos a la digitalización del sector, estructurado en dos pilares: el primero, orientado al despliegue de soluciones digitales, la financiación y la transferencia tecnológica; y el segundo, enfocado en mejorar el intercambio y la interoperabilidad de los datos hídricos, mediante el desarrollo de portales nacionales y sistemas abiertos de información. Entre las acciones emblemáticas previstas hasta 2026, se destaca la creación de un Centro Temático de Copernicus sobre el Agua, concebido como plataforma europea de referencia para la monitorización, el intercambio de datos y el apoyo a la toma de decisiones en materia hídrica.

A nivel nacional se ha estado impulsando la digitalización a través del PERTE de Digitalización del ciclo del agua impulsado por el MITECO desde 2022 para modernizar la gestión hídrica mediante tecnologías de la información, inteligencia artificial y análisis avanzado de datos. Desde su puesta en marcha, el programa ha financiado más de 400 proyectos. La tercera convocatoria en 2025, con una dotación de 50 M€, recibió propuestas por valor de 521,1 M€, lo que evidencia una demanda muy superior a los fondos disponibles y confirma un punto de inflexión en la modernización del sector. Las críticas a la implementación se centran en que los criterios de elegibilidad resultaron excesivamente restrictivos, especialmente el requisito de atender a más de 20.000 habitantes y evidenció una falta de alineación con la realidad municipal española, donde el 80% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes. A ello se suma la elevada complejidad administrativa y la carga documental exigida, con requisitos técnicos difíciles de cumplir El sector advierte, además, que esta complejidad puede ralentizar la ejecución de los proyectos y comprometer el cumplimiento de los plazos del PRTR, fijados para mediados del 2026[45]. Un análisis de la implementación de estos programas resalta que solo el 3 % del presupuesto se destina a formación y capacitación, acciones que son clave dar sostenibilidad a las inversiones realizadas.

La digitalización del sector del agua se entrecruza además con la expansión de la economía digital y, en particular, de los centros de datos. En cumplimiento de la Directiva (UE) 2023/1791 sobre eficiencia energética, el MITECO ha sometido a información pública el Proyecto de Real Decreto sobre eficiencia y sostenibilidad de los centros de datos, que establece la obligación de reportar anualmente indicadores de consumo energético, huella hídrica, uso de refrigerantes, origen de la energía y empleo generado. Según la patronal Spain DC, España cuenta actualmente con 45 centros de datos operativos, concentrados principalmente en Madrid, Aragón y Cataluña, con una potencia instalada superior a 150 MW. La elevada demanda de agua para refrigeración en estas instalaciones plantea tensiones adicionales en territorios con estrés hídrico. En este contexto, la Especificación UNE 0086:2025 introduce un marco común para evaluar el impacto ambiental de los sistemas de inteligencia artificial, incorporando la medición del consumo de agua junto a la huella de carbono y el rendimiento energético. Asimismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento ha advertido en su informe sobre el nexo agua-energía que los centros de datos deben considerarse consumidores significativos de agua en la planificación hidrológica y energética, llegando incluso a plantear una moratoria en su expansión hasta disponer de una evaluación completa de sus impactos.

Otra pieza clave en el avance de la digitalización del ciclo del agua es la creación del Observatorio de la Gestión del Agua en España, concebido para proporcionar información sistemática y fomentar la transparencia en la gestión hídrica. Su establecimiento se oficializó mediante el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, que aprueba el Reglamento de Reutilización del Agua y modifica diversas normas sobre gestión hídrica. Este decreto define los objetivos y funciones del Observatorio, y lo vincula a acciones operativas como la obligación de que las autoridades competentes y usuarios remitan información sobre la aplicación del reglamento de Reutilización antes del 31 de diciembre de 2025. Asimismo, introduce el Sello de Gestión Transparente del Agua, un distintivo público que reconocerá a las entidades que cumplan con los principios de transparencia y buena gestión.

Otra novedad en este marco es el lanzamiento del Video podcast “Conexión Agua”,v impulsado por el MITECO para divulgar las iniciativas y actuaciones del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. Actualmente, se tiene 12 episodios.

Gobernanza como palanca de cambio

En la Estrategia de Resiliencia Hídrica la gobernanza es un pilar clave, y plantea el objetivo de reforzar un sistema de gestión del agua multinivel y multisectorial. Se que la resiliencia hídrica ya está recogida en el acervo normativo europeo y, por ello, subraya la necesidad de mejorar su aplicación[46] y de fortalecer las sinergias con políticas sectoriales como la agricultura, la energía, la industria o el transporte. En este sentido, algunas valoraciones críticas señalan que la Estrategia no debe interpretarse como un instrumento sustitutivo, sino como un marco integrador que actúe como catalizador de los esfuerzos existentes.

La Estrategia de Resiliencia se apoya, además, en compromisos, estrategias y plataformas internacionales para reforzar su implementación. Entre ellos destaca la Estrategia Global Gateway[47], un instrumento de la UE para fortalecer su competitividad y proyección global. También se busca fortalecer la contribución europea a Agenda de Acción por el Agua[48], así como en el impulso de una red de enviados europeos de cara a la próxima Conferencia de las naciones Unidas por el agua en 2026[49]. De forma complementaria, se prevé el refuerzo de alianzas regionales, subrayando la puesta en marcha de un nuevo Pacto por el Mediterráneo[50], orientado a abordar la creciente escasez hídrica y los impactos del cambio climático en la región.

A escala nacional, el modelo multinivel de la gobernanza del agua bien valorado, aunque con crecientes dificultades de coordinación. Por ejemplo, la última sesión del Consejo Nacional del Agua (CNA)[51] tuvo varias críticas desde un reclamo de mayor transparencia de las discusiones y decisiones hasta rechazos y oposiciones a los documentos aprobados[52].  

De forma recurrente, se plantea la necesidad de una Autoridad Nacional Reguladora que permita homogeneizar criterios tarifarios, garantizar la calidad del servicio con criterios a escala nacional. Se identifica, además, la burocracia administrativa como un cuello de botella que limita la ejecución de inversiones incluso cuando existen recursos disponibles, lo que refuerza la conveniencia de implicar a nuevos perfiles como Abogados del Estado e interventores para agilizar procedimientos y aportar seguridad jurídica[53]. El fortalecimiento de la gobernanza pasa también por la actualización del marco normativo, en este sentido se identifica una iniciativa legislativa popular para reformar la Ley de Aguas, surgida tras la DANA de Valencia, que plantea reforzar la inversión, priorizar la protección de la vida humana y elevar la exigencia de capacidad técnica y profesionalización en los cargos responsables de la gestión del agua.

En el ámbito autonómico, algunas comunidades han avanzado en la creación de espacios estables de coordinación y diálogo, orientados a mejorar la respuesta institucional ante los impacticos del cambio climático. Destaca la Mesa Social del Agua de Andalucía, concebida como un foro permanente para articular respuestas compartidas frente a crisis prolongadas y mejorar la coordinación entre agentes implicados. Asimismo, en Cataluña, la Cumbre Social del Agua, desarrollada en el contexto de la sequía 2021–2023, funcionó como un espacio de consenso que permitió formular un decálogo de propuestas orientadas a reforzar la gestión de la escasez hídrica desde una perspectiva social, territorial y de corresponsabilidad. El reciente Observatorio de Inundabilidad de Cataluña, constituido en octubre de 2025, nace como respuesta a la urgencia de anticipar riesgos. Aunque es un órgano asesor sin capacidad ejecutiva, su valor radica en generar conocimiento útil y promover la coordinación entre administraciones, expertos y territorio. 

La complejidad del escenario hídrico actual exige una gobernanza más flexible y adaptativa, capaz de superar las limitaciones de los enfoques tradicionales en la asignación del recurso, la definición de tarifas y la planificación hidrológica. En este contexto, se pone en valor la sesión técnica sobre gobernanza del agua en CONAMA 2024 en donde a través de un taller inmersivo con tecnologías emergentes, se analizó la reforma de los acuerdos de asignación, la gestión del riesgo y los impactos socioeconómicos, poniendo en valor el diálogo inclusivo apoyado en datos.

La gestión de la comunicación constituye otro elemento central de la gobernanza. El sector sigue teniendo dificultades para trasladar a la ciudadanía información clara sobre el funcionamiento del ciclo del agua, los costes reales del servicio y las implicaciones ambientales y sociales. Como refleja el informe El agua en España: opiniones, actitudes y prioridades de los ciudadanos, esta desconexión alimenta percepciones distorsionadas, debilita la legitimidad de las políticas públicas y dificulta la aceptación de inversiones, innovaciones o revisiones tarifarias. El estudio pone de manifiesto una marcada asimetría en los niveles de confianza: mientras la comunidad científica mantiene una alta credibilidad, las instituciones públicas y las empresas del sector del agua presentan niveles más bajos. Esta brecha refuerza la necesidad de avanzar en mecanismos de transparencia, participación y rendición de cuentas, apoyados en estrategias de comunicación más eficaces que ayuden a superar la percepción del agua como un recurso inagotable o de bajo valor económico.

Reflexiones finales

El análisis de la actualidad de las políticas del agua en España muestra con claridad que la resiliencia hídrica se ha convertido en un eje estructural de la seguridad, la competitividad y la cohesión territorial. La Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica es el principal instrumento para contribuir a integrar el agua en las agendas climática, industrial, energética y social, y a situar la eficiencia, la prevención y la restauración del ciclo hidrológico como principios rectores de la acción pública.

El inicio del 4º ciclo de planificación hidrológica coincide con un escenario marcado por una mayor incertidumbre climática, nuevas demandas asociadas a la transición energética y digital, y una exposición creciente a fenómenos extremos. Este marco exige revisar paradigmas tradicionales de asignación del recurso, reforzar la primacía de la eficiencia hídrica y avanzar hacia instrumentos de planificación más flexibles y adaptativos, capaces de integrar el riesgo de sequía e inundación de forma estructural y territorializada.

Los retos sociales, técnicos-normativos, financieros, así como los asociados a la transición digital del sector, para garantizar la resiliencia hídrica ponen de relieve la necesidad de una arquitectura financiera sólida y de una gobernanza multinivel y multisectorial más eficaz. La movilización de recursos nacionales como europeos, la aplicación del principio de recuperación de costes, el desarrollo de instrumentos financieros innovadores y el refuerzo de la cooperación internacional serán determinantes para cerrar la brecha de inversión y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la resiliencia hídrica de forma equilibrada en el territorio.

El momento actual ofrece una ventana de oportunidad para alinear planificación, financiación, restauración, digitalización y gobernanza en torno a una visión compartida de resiliencia hídrica.